
Promusicae denuncia a Enrique Dans por un artículo de opinión en el que supuestamente atenta contra su honor. En realidad lo que quieren es coartar la libertad de expresión. Desde cuando uno no puede poner en su blog lo que se le de la gana. Comprendo que si hubiese amenazas de muerte o temas similares se hiciese algo pero Enrique Dans sólo ha dado su opinión sobre determinados hechos.
Que conste que Enrique Dans no es mi personaje favorito en Internet, y puede que no haya tenido siempre los encuentros más agradables con él pero, lo justo es justo y no importa si me cae bien o mal y si estoy o no de acuerdo con lo que dice, el caso es que España es un país en el que se supone que existe la libertad de expresión y esta gente se cree que están por encima de todo. Enrique Dans tiene derecho a decir lo que opina, igual que todos. Si algunos pro-etarras pueden escribir lo que se les viene en gana en donde les sale de —-ahí—, más debería de poder una persona como Dans decir lo que opina de las SGAE.
Dicho lo dicho, #apoyandoaenriquedans en twitter y aquí y donde haga falta para este caso. Y ahora, Promusicae, denúnciame a mí también si quieres.
Por cierto, Enrique debería de haber enviado una tarjeta de agradecimiento a Promusicae por hacerle aún más famoso y conseguirle aún más visitas en su blog.
Lo que él mismo ha escrito sobre su denuncia:
“
Hace un par de semanas, recibí un telegrama en mi despacho de IE Business School que me emplazaba a personarme en un juzgado para recoger una notificación, que resultó ser nada menos que una demanda por infracción al honor de Promusicae en la que me piden veinte mil euros (o cincuenta mil, en la manera en que está redactada la demanda, es difícil saberlo). La demanda ha sido contestada hoy, tema bastante desagradable que me ha tenido, como os imaginaréis, muy ocupado estas últimas semanas.
El motivo, según el texto de la demanda, es esta entrada, “Siete motivos por los que el caso SGAE es mucho más que la propia SGAE“, publicada el pasado día cinco de julio de 2011 con motivo de la intervención judicial de la SGAE, y concretamente el punto sexto de la misma, en el que opinaba que Promusicae vulneraba las leyes antimonopolio con su sistema RitmoNet. En mi opinión, expuesta como tal en la entrada, RitmoNet es un sistema que no solo restringe la competencia entre las discográficas asociadas a Promusicae, sino que, además, dificulta el acceso a las radios comerciales de las discográficas no asociadas a Promusicae. Para cimentar mi opinión, expresada en todo momento como tal en una página que, además, lleva como subtítulo “Investigación y opinión sobre los sistemas y tecnologías de la información”, consulté con expertos en derecho de la competencia, y recibí información directa del propietario de una pequeña discográfica que me contaba su caso, caso que expuse en esta entrada de febrero de 2011, “Lo que la ley Sinde esconde“.
En resumen: lo que expuse en esa entrada era mi opinión, protegida como tal por la libertad de expresión y, dado que me documenté adecuada y profesionalmente, por la libertad de información. Opinión que mantengo y que, por supuesto, puede ser discutible, pero que incluso si no estuviera adecuadamente fundamentada y fuese errónea, no se me ocurre de qué manera puede resultar atentatoria contra el honor de una sociedad como Promusicae. A ver: el honor de las sociedades mercantiles existe, de acuerdo, pero ni es exactamente lo mismo que el de las personas, ni me parece que se amenace en modo alguno dicho honor por el hecho de acusar a alguien de ejercer un monopolio. Ser un monopolio, hasta donde yo sé, no constituye un insulto ni un deshonor, aunque lógicamente las leyes de defensa de la competencia nos protejan de sus posibles abusos. La interacción entre el derecho al honor y la libertad de expresión o la de información están ampliamente documentadas y poseen abundante jurisprudencia.”
Puedes leer el resto de su explicación de porqué Promusicae ha denunciado a Enrique Dans aquí.

He aquí parte del artículo por el que Enrique Dans (más conocido como @edans en twitter) ha sido denunciado :
Siete motivos por los que el caso SGAE es mucho más que la propia SGAE
El auto del Juez Pablo Ruz sobre la SGAE publicado anoche deja meridianamente claro el desastre en el que se había convertido la gestión de la propiedad intelectual en nuestro país. Pero a pesar de la explosión de júbilo y regodeo colectivo en la que se convirtió el anuncio de las acciones judiciales, nos equivocaríamos si pensamos que el caso acaba aquí. Ver a Teddy Bautista entrando esposado en prisión puede tener algo de catarsis social, pero no supone para nada el fondo de este asunto.
Primero, porque la SGAE no actuaba de manera independiente. Por mucho que ahora la ministra González-Sinde pretenda echar balones fuera, tiene, se ponga como se ponga, una importantísima responsabilidad en este asunto. Una ministra que proviene precisamente del entorno de las entidades de gestión, que llegó a donde está por presión de las mismas, que las ha favorecido de manera patente con sus decisiones, que ha favorecido que metiesen la mano en leyes como la que lleva su nombre y que ha ignorado las voces autorizadas que afirmaban que el monopolio de las mismas tenía efectos nocivos es cómplice absoluta de todo lo que el entramado de la SGAE haya podido hacer, por sostener precisamente las condiciones de impunidad para que ello tuviese lugar. El burdo intento de desplazar la responsabilidad hacia las comunidades autónomas en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 resulta una patética excusa, dado que la sentencia se refiere únicamente a la gestión de los registros de la propiedad, nunca a una función de control y fiscalización de las actividades de la SGAE que, como entidad de ámbito estatal que es, correspondería al Ministerio de Cultura. El caso SGAE proviene de demandas presentadas en el año 2007, y las evidencias que movieron a la fiscalía anticorrupción a actuar las conocemos desde de febrero de este año. La gestión de los sucesivos ministros y ministras de Cultura en el período ha ido generando un clima de total impunidad y tolerancia, que señala una complicidad absoluta con las acciones de la SGAE que ahora conocemos, y que se hizo todavía mucho mayor con la llegada al ministerio de Ángeles González-Sinde. La ministra debe irse.
Segundo, porque un gobierno no puede ignorar un informe de la Comisión Nacional de Competencia que evidencia que el sistema por el que se rigen las entidades de gestión en España resulta nocivo para el desarrollo del mercado. Y en caso de hacerlo, debe cargar con las consecuencias. El informe de la CNC es de enero de 2010, y simplemente, fue archivado en un cajón, un comportamiento que claramente no es de recibo. El gobierno era perfecto conocedor de los abusos y de la posición dominante en que se encontraba la SGAE, de la existencia de un clima que propiciaba claramente la corrupción, y simplemente, no hizo nada para evitarlo.
Tercero, porque varias cuestiones fundamentales que competen a la gestión de la propiedad intelectual en España han sido impulsadas de manera directa por el entorno de la SGAE, las entidades de gestión, y el entramado de lobbies de la propiedad intelectual, lo que las coloca automáticamente bajo sospecha. El mayor problema de la SGAE no es la corrupción que se está destapando en su gestión, sino el desarrollo de un entorno que ha sido capaz de enfrentar a creadores y ciudadanos, que ha impedido el desarrollo de alternativas razonables de mercado digital – lo que ha abocado a los ciudadanos a buscar canales alternativos para obtener las obras – y que ha impedido la entrada de emprendedores nacionales y empresas extranjeras… mientras la SDAE se dedicaba, en lugar de a proponer alternativas protegida por “papá Estado”, a llevárselo directamente crudo. Que la SGAE pruebe ser un nido de corrupción profundamente institucionalizada debería conllevar no solo la revisión y eliminación inmediata del canon digital, sino también la investigación de los sistemas de subvención de contenidos culturales (sobre cuya presunta corrupción se ha escrito también abundantemente), o la derogación automática de una ley Sinde que pretendía consagrar una justicia a medida de las entidades de gestión.
Para leer el resto del artículo de Enrique Dans haz clic en este link “Siete motivos por los que la SGAE es mucho más que la propia SGAE“



















